En una decisión histórica y de fuerte impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por defraudación al Estado en el marco de la causa Vialidad.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria y de los otros condenados —entre ellos Lázaro Báez y José López—, ratificando el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. La resolución implica también la validación del decomiso de 84.000 millones de pesos en favor del Estado.
Se trata de un hecho inédito desde el retorno de la democracia: es la primera vez que una condena penal contra una ex presidenta queda firme en todas las instancias judiciales. Hasta ahora, sólo Carlos Menem había sido condenado, aunque nunca cumplió pena efectiva.
La Corte —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— argumentó que la sentencia fue dictada con base en una valoración adecuada de la prueba y que no se vulneraron garantías constitucionales durante el proceso. En un fallo que aplica el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, pero con fundamentos, los jueces sostuvieron que la defensa no logró demostrar arbitrariedad ni fundamentó de manera autónoma su recurso extraordinario.
“Las sanciones aplicadas no hacen otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por el Congreso”, sostuvieron los ministros. Además, descartaron planteos de parcialidad contra los jueces intervinientes y consideraron que los vínculos económicos entre Fernández de Kirchner y Báez “restan eficacia” a la estrategia defensiva.
¿Qué sigue ahora?
El Tribunal Oral Federal 2 deberá resolver las condiciones de cumplimiento de la pena. Por su edad —72 años—, se estima que Cristina Kirchner podría recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Pero lo más inmediato es que la condena firme la inhabilita para presentarse en las próximas elecciones legislativas, donde analizaba competir por una banca provincial.
Este fallo reconfigura el escenario político en un año marcado por la crisis económica y el avance de causas sensibles contra ex funcionarios. Cristina, que sigue negando los cargos y denuncia persecución judicial, enfrenta otros procesos relevantes como Hotesur, Los Sauces y el caso Cuadernos, aunque aún sin sentencia.
La trama de la causa
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual la empresa Austral Construcciones, de Báez, recibió contratos millonarios sin competencia real y con múltiples irregularidades administrativas. La Justicia concluyó que existió una maniobra sistemática de desvío de fondos públicos y que Cristina Kirchner intervino directamente, mediante decretos y decisiones ejecutivas, para facilitar el circuito fraudulento.
El caso incluyó pruebas documentales, pericias, declaraciones, vínculos comerciales entre los implicados y hasta mensajes extraídos del celular de José López, que aludían al llamado “Plan limpiar todo” durante el tramo final del segundo mandato presidencial.
La Corte sostuvo que los tribunales inferiores ya habían valorado estas evidencias y que la ex presidenta “quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción”, descartando cualquier desconocimiento o ajenidad.
